Partiendo del hecho de que resulta difícilmente
cuestionable una reforma de las estructuras administrativas del país, las
alarmas surgen cuando se observa el método elegido, el momento en el que se
plantea y las estrategias que se pretenden. Si en el caso de la reforma de las pensiones las medidas del gobierno se
amparaban en los cálculos de una comisión configurada ad hoc, que
fue dada a conocer a bombo y platillo, lo que permitía descubrir tanto la treta
del gobierno como la toma en consideración de los lobbys interesados en el
pastel, la opacidad ha caracterizado, en cambio, el proceso de elaboración del análisis
efectuado por la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), sin que se conozca quiénes la han formado ni se haya
dado participación alguna a representantes de las instancias administrativas
afectadas (CCAA y municipios), hecho sorprendente ante un tema de tanta
trascendencia y de afectaciones múltiples. Todo indica, pues, que es un proyecto elaborado unilateralmente por el gobierno central, esgrimido por Sáenz
Santamaría como una obra propia, que trata de capitalizar personalmente, sin consenso alguno y orientado, en función de
la discrecionalidad que lo caracteriza, a su aplicación en un marco de
posibilidades de aceptación más bien inciertas y seguramente abiertas al conflicto.
Aun así, ¿de qué manera han intervenido en ello la presión e incluso la
presencia de la troika, ante la que este gobierno se muestra tan solícito?
Las múltiples vertientes e implicaciones que ofrece
la readaptación de una estructura administrativa tan compleja como la española
difícilmente pueden ser asumidas con perspectivas de eficacia si no se apoyan
en un programa asumido previamente como gran acuerdo de Estado y en coherencia
con una planificación bien ordenada en la que se evalúe claramente el impacto
de las medidas a adoptar, que si en unos casos pueden tender a la eficacia en
otros pueden derivar en tensiones muy acusadas, sin que, al final, los
resultados alcanzados se aproximen a los pretendidos. En cualquier caso,
esgrimir con ostentación y con voluntad de precisión el ahorro que se persigue
mientras se omite cualquier alusión a su incidencia negativa en el empleo no
deja de ser una maniobra de manipulación informativa tanto por lo que se dice
como por lo que se oculta.
Por otro lado, no es causal que la difusión de la
noticia y la mercadotecnia que la acompaña vean la luz a los pocos días del
famoso pacto entre Rajoy Brey y Pérez Rubalcaba. Firmado el acuerdo, he ahí la
reforma de la administración. De ahí las preguntas: ¿Conocía el líder socialista
lo que se estaba cociendo al respecto? ¿Estaba informado de ello antes de
sentarse con el presidente del gobierno para firmar sus avenencias? ¿Hasta dónde va a llegar la
voluntad del acuerdo entre ambas formaciones, con el riesgo de que la situada
en la oposición vea dificultada su capacidad de maniobra para adquirir la
entidad de una verdadera alternativa y no limitarse a una posición subsidiaria
en sus relaciones con un gobierno que está dejando a la sociedad española en
una situación terrible y que ahora amenaza con recomponer el Estado manteniendo
incólumes aquellas estructuras que garantizan y aseguran la fortaleza de su
estrategia clientelar? Cuidado con los abrazos del oso que, a la postre, acaba
devorando a sus víctimas.
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