"El atroz encanto de ser argentinos"

Buenos Aires, octubre de 2007

En su día (1999) los Kirchner estuvieron de acuerdo en la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), impulsada por el gobierno de Carlos Menem dentro de aquella oleada de enajenación masiva e indecente de los recursos públicos del país, y que la pareja formada por Néstor y Cristina aplaudió sin reservas cuando ejercían su poder desde la remota provincia de Santa Cruz. Por aquél entonces, producto de una pésima gestión pública, se daba la anómala circunstancia de que YPF había llegado a ser la única empresa petrolera del mundo que arrojaba pérdidas. Adquirida por REPSOL, durante los últimos veinte años el grupo esencial del complejo energético argentino ha formado parte de la estrategia competitiva de las grandes multinacionales en el mundo globalizado hasta alcanzar una posición que la ha situado en uno de los primeros lugares del ranking empresarial dentro del sector. 


Lógica capitalista pura y dura, desarrollada en un marco de coexistencia no fácil entre la empresa, con una participación relevante, aunque minoritaria, de capital español, y el Estado argentino, pero que se ha mantenido, dentro del conocido juego del difícil equilibrio que siempre se produce entre una multinacional privada y el poder político, hasta que la presidenta Cristina Fernández ha decidido expropiar la fracción argentina de la compañía (de cuyas acciones Repsol posee el 57,4 %) sin los trámites a que obliga la legislación internacional, garantista para el Estado y para las empresas, de modo que las actuaciones llevadas a cabo por una u otra parte deben ajustarse a la jurisprudencia establecida que no excluye la nacionalización siempre que haya motivos justificados y se llegue a la liquidación mediante un justiprecio objetivo. Sin embargo, ha dejado intacto el paquete de acciones que, equivalente al 25,4 % del capital, posee el Grupo privado Petersen, perteneciente a la familia argentina Ezkenazi, amiga de los Kirchner, y que permanece en silencio ante la decisión adoptada.

Personalmente apoyo la idea de que los países sean dueños de sus recursos y se beneficien de ellos porque son materialmente suyos. Pero también, y cuando su utilización se adjudica a empresas privadas, sobre la base de acuerdos y compromisos basados en el respeto mutuo y en el trato justo, considero que la ley debe prevalecer encauzando, conforme al Derecho Internacional, todas las situaciones que se planteen. Es un contexto jurídico al que debe acogerse la empresa, pero que en modo alguno ha de plantearse por parte del Estado en el que la empresa afectada tiene su sede como una identificación plena con los intereses de aquélla, so pena, como puede ocurrir en el caso del gobierno español, de encontrarse con desaires e indiferencias no deseados. Otra cosa es el respaldo en pro del cumplimiento de la ley, pero nunca sobre la base de la defensa de una relación presentada de manera privilegiada.

Dicho esto, resulta muy cuestionable el procedimiento expropiatorio utilizado por Cristina Fernández, por dos razones, que tienen que ver con el contexto en el que la decisión se adopta: la primera, porque todo parece indicar que en ella juega un gran papel la presión ejercida por los gobernadores de las provincias en las que la compañía opera, y que en los últimos años han entorpecido la labor de Repsol en sus respectivos feudos de poder, a menudo con exigencias contradictorias; y, la segunda, porque, en el peculiar contexto de la política argentina, las conocidas soflamas peronistas encuentran en este tema un terreno bien abonado para consolidar el poder omnímodo de la Presidenta, enmascarar los costes de una pésima gestión de la economía (con tasas de inflación galopantes, que estadísticamente aparecen manipuladas a la baja, propio de un país escasamente fiable en este sentido), anular los movimientos de contestación hacia una forma despótica de ejercer el poder (a cuyo amparo se han producido el enriquecimiento sorprendente de la familia Kirchner y una lucha implacable contra la libertad de expresión), exacerbar demagógicamente el sentimiento nacionalista, coincidiendo además con el aniversario de la derrota de las Malvinas, y dar satisfacción a las camarillas y tupidas redes clientelares que controlan el aparato del Estado, y que tanto daño han hecho a la imagen exterior del país. Entre los argumentos esgrimidos se alude también a los impactos ambientales provocados por las explotaciones "hidrocarburíferas" de Repsol. El argumento es cínico hasta el extremo, sobre todo cuando se analizan los enormes destrozos ecológicos provocados por las economías mineras, y que son de una extrema gravedad y generalización sin que hasta la fecha nadie de la Casa Rosada haya dicho nada al respecto. A lo cual habría que añadir las numerosas tergiversaciones detectadas en la información que en el Decreto se denuncian sobre los motivos que tratan de justificar la incautación. 

El hecho de que el reparto de la masa accionarial de la empresa expropiada se distribuya, casi a partes iguales, entre el Estado central y los gobiernos provinciales, creando así un escenario proclive a la confrontación de intereses, aporta un elemento de juicio sobre el tipo de componendas que marcan los ejes de la política argentina, agudamente analizada por el escritor bonaerense Marcos Aguinis en sus reflexiones sobre “el atroz encanto de ser argentinos”, y que conviene leer para darse cuenta de cómo se hacen las cosas en ese país, difícil de entender con los criterios a los que habitualmente estamos acostumbrados. Tras haber leído las obras que Aguinis dedica a la historia argentina, recurro al título de algunas de sus más representativas para enunciar esta entrada.  

Por otro lado, no parece desacertada la idea de entender este suceso en el marco de una cierta desafección hacia la Unión Europea, sumida en una profunda crisis y no suficientemente cohesionada para dar una respuesta unánime ante un problema que muchos entienden de carácter bilateral. Y, desde luego, no tardaremos en percatarnos de hacia dónde se encamina la medida llevada a cabo, sin olvidarnos, como afirma el venezolano Moisés Naïm, que "Argentina tiene una larga, conocida y triste historia de nacionalizaciones que solo trajeron pérdidas, corrupción y miseria". Puesta a prueba - y de qué manera y a cortísimo plazo - la capacidad del gobierno argentino para gestionar sus recursos petrolíferos en un panorama tan complicado - técnica, económica y financieramente- como el actual, pueden ocurrir tres cosas: o bien conseguir que la operación sea un éxito, lo que no dejaría de ser llamativo, y sin duda encomiable, teniendo en cuenta el nada halagüeño balance que ofrece en Argentina la gestión de lo público; o bien culmine en el fracaso, que personalmente lamentaría, aunque de ningún modo es una opción descartable; o que, a la postre, y en un escenario apremiado por la necesidad de que las cosas funcionen, el patrimonio acumulado por YPF-Repsol acabe formando parte de los activos de otro grupo privado extranjero, en cuyo caso no sorprendería la aparición en escena de algún conglomerado empresarial radicado en Asia (¿y porqué no en otro lugar de Europa? ¿y porqué no en Rusia?) habida cuenta del sesgo proasiático que desde hace algún tiempo están mostrando muchos países del mundo latinoamericano.